La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, solicitará en audiencia preliminar este próximo 01 de Julio de 2025, la apertura a juicio en contra de más de 13 personas relacionadas con los delitos de secuestro extorsivo en contra de los empresarios Jorge Angulo Solano, propietario de los gimnasios George Angúlo y el empresario Jaime Gurdian Moreno. los imputados son de apellidos Leiva Rivas, Ulate Garro, Granados Granados, Picado Torres, Vargas Arce, Acevedo Carmona, Madrigal Calvo, Vargas Madrigal, Brenes Arce, Jiménez Sibaja, Matamoros Brenes, Sandoval Silva y Obregón Zamora,. Según la Fiscalía especializada, el primer secuestro se realizó el día 05 de Enero del año 2023, cuando el ofendido Jorge Angúlo llegó a uno de sus gimnasios ubicado en San Pedro de Montes de Oca, aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana, ahí fue abordado por varios sujetos en tres vehiculos quienes mediante amenazas con armas de fuego lo sometieron y a la fuerza lo introdujeron a un vehículo, según la investigación lo llevaron hasta la provincia de Cartago sitio en donde lo mantuvieron en cautiverio por más de 20 horas luego del pago por parte de su familia de 10 monedas Bitcoin o BTC con un equivalente en ese momento a la suma de 100 millones de colones. El segundo secuestro se llevó a cabo el día 27 de junio de 2023, aproximadamente a las 9 de la noche, en la Uruca, varias personas abordaron y sometieron al empresario Jaime Gurdian Moreno, a quien privaron de su libertad llevándolo a un lugar de cautiverio hasta ahora desconocido, luego de esto, llamaron a sus familiares y solicitaron la suma de cien millones de colones en Bitcoins los cuales fueron pagados por los familiares. Algunas de las personas involucradas habrian aperturado billeteras electrónicas con la finalidad de recibir los dineros producto de los secuestros y de forma posterior cambiaron los bitcoins a otra moneda electrónica llamada USDT que es más accecible al mercado pues no es tan costosa, cada USDT equivaldría a un dolar Estadounidense, según las investigaciones, posteriormente fueron vendidas estas monedas a otras personas que se dedican a la compra de moneda electrónica para su comercialización, sin embargo, la fiscalía indica que a pesar de que algunos de ellos son comerciantes en esta moneda y su giro comercial esta enfocado en comprar y vender, pudieran estar involucrados ya que supuestamente sabrían del origen ilegitimo de las mismas por lo que se les vincúla directamente con los secuestros aunque estos no hayan participado activamente en los mismos y esta situación deberá esclarecerse en el juicio o contradictorio. Según el abogado Carlos Manuel Rivera, defensor de uno de los imputados de apellido Sandoval, su cliente, no tiene ninguna relación con los secuestros y más bien fue ligado por parte de la fiscalía por comprar 800 USDT equvalente a Cuatrocientos Mil colones aproximadamente. “Hemos llevado a los autos prueba de que, mi representado, de manera regular y desde hace más de cinco años, compra moneda electrónica para su comercialización o venta, desde el año 2020, esto es, tres años antes de que se dieran los secuestros, mi cliente compra en pequeñas cantidades moneda electrónica y posteriormente las vende tal y como sucede diariamente con el dolar, mi cliente no tiene la capacidad de comprar BTC Bitcoin, pues, el precio de cada uno ronda en este momento 100 mil dolares cada uno, en el caso de mi representado, él no conoce a los demás imputados, nunca se ha reunido con ellos, no se le vé en los videos de los secuestros, nunca realizó vigilancias o seguimientos a los ofendidos, no tiene llamadas telefonicas ni de mensajería con ninguno de los demás imputados y nunca recibió directamente dineros producto de ningún secuestro extorsivo por lo que, será en audiencia preliminar y seguramente de forma posterior en juicio, donde demostraremos esta situación y no me queda la menor duda de que se arribará una sentencia absolutoria para mi cliente quien no tuvo ninguna participación en los hechos acusados más que comprar moneda electrónica de forma posterior sin conocimiento de su supuesto origen ilicito ya que tampoco existe prueba que indique que las pocas monedas electrónicas que compró son las recibidas por el pago de algún secuestro.
