Este pasado viernes 03 de octubre finalizó la audiencia preliminar para alrededor de 13 imputados acusados por la fiscalía contra la delincuencia organizada por los secuestros extorsivos de Jaime Gurdían Moreno y George Angúlo Solano, éste último propietario de los Gimnasios con su nombre, la fiscalía contra el crimen organizado ofreció un proceso especial abreviado por 30 años que fue rechazado por la bateria de defensores de los imputados en este sonado caso. El primer secuestro se llevó a cabo en San Pedro de Montes de Oca en el Gimnasio de George Angúlo en el mes de enero del año 2023 y el segundo en el mes de junio del mismo año del empresario Jaime Gurdian, por el primero se pagó un rescate de 100 millones de colones y por el segundo ascendió a 130 millones, dinero que fue pagado por sus familiares mediante depósitos a billeteras electrónicas “walets” a dos personas diferentes pero que tenían una relación sentimental. Posteriormente indica el ministerio público se diluyó el dinero en otras billeteras electrónicas con la finalidad de perder su rastro, sin embargo, la unidad de cibercrimen del OIJ, logró ubicar a los propietarios de esas billeteras electrónicas, es el caso de tres jovenes vecinos de San José, sin antecedentes penales, que según sus abogados defensores, no tuvieron nada que ver con los secuestros y más bién fueron compradores de moneda electrónica de buena fe, ya que se pudo establecer en la misma audiencia preliminar que estas tres personas adquirieron moneda electrónica USDT sin saber de que provenía de un acto ilícito y que la fiscalía no pudo probar que tenían conocimiento de su procedencia. Según la defensa de estos tres imputados, cuando se compra moneda electrónica por lo general lo que priva es el anonimato ya que no existe regulación en Costa Rica ni políticas de “conozca a su cliente”, por lo general las personas que comercian con moneda electrónica solamente son un enlace entre el comprador y el vendedor y ganan una comisión con cada transacción. La argumentación de estos defensores es que no existe dolo por parte de sus representados, por ejemplo en un caso especifico del secuestro de George Angúlo, uno de los imputados compró el equivalnte a 400 mil colones en moneda electrónica, prácticamente nada comparado con el monto total del pago por parte de la familia que ascendió a 100 millones de colones. La principal queja de los defensores tanto públicos como privados en esa audiencia es la poca objetividad por parte del ministerio público y además que, lamentablemente, la audiencia preliminar no está cumpliendo con su función porque la jueza debería de valorar si verdaderamente existen los elementos de prueba suficientes para solicitar la elevación a juicio de estos tres imputados de apellidos Sandoval, Vargas y Acevedo. Para la próxima semana se dará a conocer la decisión de la jueza y si existen sobreseimientos definitivos, provisionales o por si el contrario los imputados en su totalidad van a encarar un juicio por los delitos de secuestro extorsivo, asociación ilícita y legitimación de capitales entre otros. Los dos secuestrados fueron liberados una vez realizados los pagos exigidos. El caso de estos tres imputados que según sus defensores no participaron en los secuestros pone en la palestra social el tema nuevamente de las criptomonedas ahora cuando más bien el Tribunal Supremo de Elecciones autorizó a los partidos políticos a recibir donaciones en este tipo de moneda la cúal no tiene trazabilidad dependiendo de la plataforma a utilizar y podría servir para que algunos partidos políticos reciban donaciones en esta moneda sin ningún control contribuyendo al lavado de dinero.
